Juicios por jurado

El gobernador Urtubey se reunió ayer con los miembros de la Corte de Justicia.

Anoche se terminó de pulir una propuesta que ingresará hoy a la Cámara de Diputados. La iniciativa del Poder Ejecutivo y la Corte de Justicia lleva cinco años.

Después de cinco años, hoy ingresará a la Cámara de Diputados de Salta un proyecto de ley de juicios por jurado, que ya parecía que iba a quedar en meros intentos. Para sorpresa de muchos, y a tres meses de que el gobernador Juan Mnauel Urtubey finalice su mandato, el proyecto se reflotó con fuerza y ahora deberá ser debatido por los legisladores salteños.

El anuncio fue realizado ayer por la mañana al término de una reunión entre Urtubey y los jueces de la Corte de Justicia, encabezada por su presidente, Guillermo Catalano. La iniciativa que ahora impulsa el Gobierno se terminó de redactar anoche, según fuentes del Grand Bourg.
La semana pasada, Catalano y el juez de Corte Pablo López Viñals viajaron a Mendoza para analizar cómo funciona en esa provincia el juicio por jurado popular. Este tema también se había abordado a mediados de agosto en las XXV Jornadas del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (Fofecma) realizado en Mitre 23, donde se alentó a Salta a sumarse a la modalidad.

Postergado

El Poder Ejecutivo y la Corte de Justicia local impulsan la aplicación de juicios por jurados populares hace cinco años, pero en noviembre de 2018 desde el Gobierno habían admitido que el proyecto fue postergado por cuestiones presupuestarias.

El juicio por jurados consagra el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia. La Constitución nacional habilita a las provincias a implementar de dicho sistema. De este modo, Salta se sumará a Mendoza, Chaco, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén y Córdoba, lugares donde el sistema ya funciona.

Durante el encuentro de ayer el presidente de la Corte de Justicia comentó a Urtubey la experiencia del primer juicio por jurados que se llevó a cabo en Mendoza, donde empezó a funcionar en octubre de 2018. Este sistema es el que considerarían el más moderno para la provincia. Además de Catalano y López Viñals participaron de la reunión el vicepresidente, Ernesto Samsón; el vicepresidente segundo, Fabián Vittar; el juez decano Guillermo Posadas y las juezas de Corte Sandra Bonari y Teresa Ovejero.

Función del jurado y juez 

El proyecto de ley de juicios por jurado se redactó hasta anoche y cuenta con 83 artículos y cinco capítulos. Establece que los jurados populares intervendrán en casos de homicidio agravado y abuso sexual seguido de muerte, delitos establecidos en los artículos 80 y 124 del Código Penal.
Su función será decidir en un juicio penal si una persona acusada por un fiscal penal por la comisión de un delito es o no culpable. En este caso la acción civil no podrá ser ejercida.

El jurado estará integrado por 12 miembros titulares y como mínimo cuatro suplentes, y será dirigido por un solo juez. El panel deberá estar siempre integrado por mujeres y varones, en partes iguales. El género será determinado por el documento nacional de identidad. Las listas definitivas de jurados serán incluidas en un registro informático que llevará la Corte de Justicia. 

El jurado delibera sobre la prueba y determina la culpabilidad o la inocencia del acusado en relación al o los hechos y al delito por el cual este debe responder.

Para que el jurado pueda desempeñar y llevar a cabo esta función sus miembros deben ser obligatoriamente instruidos sobre el derecho sustantivo aplicable por el juez que preside el proceso acerca del delito principal imputado y de los delitos menores incluidos en él.
Los jueces del tribunal de juicio actuarán divididos en tribunales unipersonales.

Obligación de mantener reserva

El proyecto de ley que debatirán los legisladores contempla que los miembros del jurado están obligados a mantener en absoluta reserva su opinión y la forma en que han votado.

En su artículo 37 la propuesta estipula que también tienen la obligación de denunciar ante el juez cualquier tipo de presiones, influencias o inducciones externas que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido determinado.

También se proponen sanciones para quien no respete a los miembros del jurado. El empleado o funcionario del Poder Judicial o del Ministerio Público, o cualquier otro auxiliar de la Justicia que moleste o de cualquier modo perturbe la función de un jurado popular estará cometiendo una falta considerada grave. En estos casos se remitirán las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para su persecución penal. 

Fuente: El Tribuno.

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